Las normas de auditoría generales se recogen en la resolución de 1 de septiembre de 1998 del interventor general de la administración del Estado por la que se ordena la publicación de la resolución que aprueba las normas de auditoría del sector público.
Con fecha 14 de febrero de 1997, el Interventor General aprobó las Normas de Auditoría del Sector Público.
Por otra parte, el artículo segundo del Real Decreto 339/1998 establece que las Normas de auditoría e instrucciones dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado serán de aplicación a todas las auditorías que se realicen en el ámbito del Sector público estatal.
La auditoría se configura como la principal técnica para realizar el control financiero y en este sentido la IGAE comenzó a practicarlas desde el principio de los años ochenta. En 1983 emite las primeras normas de auditoría pioneras en nuestro país, no sólo en el sector público sino también en el sector privado.
La auditoría como técnica profesional y de control se fundamenta de forma esencial en la existencia de un conjunto de reglas y pautas de comportamiento que de una manera minuciosa enmarcan el desarrollo de los trabajos y se refieren directamente a los profesionales que han de realizarlos, tanto para contemplar su estatus como para dirigir su propio comportamiento en un terreno en el que precisamente su carácter reglado resulta un principio básico.
Este conjunto de reglas, existe en general en el campo profesional de la auditoría, dictadas bajo el nombre de “normas de auditoría” por el órgano o corporación que en cada caso sea el responsable superior de la regulación y ordenación de la actividad y que en el sector público estatal corresponde a la IGAE dentro de sus funciones y de su propia autonomía como órgano de control interno y general de la gestión económico-financiera en dicho ámbito.