La ley antifraude recientemente aprobada en España permitirá al estado controlar la evasión y blanqueo de capitales, de modo que se estima de manera inicial unos 8100 millones de euros recaudados. Sin duda, las medidas afectan a muchos más que a los defraudadores, pero en beneficio de la totalidad de españoles debemos contribuir a fenar este tipo de conductas delictivas.
La primera de las medidas impuestas por la nueva ley es la obligatoriedad de realizar una declaración sobre el patrimonio que se posee en el extranjero, de modo que su omisión u ocultación significará una sanción.
Se prohibe a los españoles, también, que paguen en metálico cantidades superiores a 2500 euros y, a los extranjeros, más de 15000 euros en aquellas operaciones que requieran la participación de autónomos o de empresas, como reparaciones, reformas o demás obras. En caso de incumplimiento, el 25% del coste de la operación será la multa impuesta para ambas partes, aunque se establece el perdón de la multa para quien denuncie.
Del mismo modo, para evitar problemas en los casos de impagos, los empresarios verán eliminado el aplazamiento de los impuestos en caso de que se establezca el concurso de acreedores. En este mismo sentido, el estado podrá realizar embargos preventivos.
Las medidas de control sobre la actividad económica ha determinado que se controle de forma más exhaustiva la actividad de los autónomos, de forma que se limitará la declaración por el sistema de módulos para aquellos autónomos cuya facturación sea de más del 50% a otros empresarios o empresas.