Se define de forma habitual a la responsabilidad social corporativa como la obligación moral que contraen las empresas de apoyar las obras sociales, deportivas o culturales, así como de mantener una conducta ética respecto a la protección del medio ambiente. Para ello, siguen las directrices promovidas tanto por el Estado como por las diferentes Comunidades Autónomas.
De hecho, la participación en estos programas no es obligatoria ni está impuesta mediante disposiciones legales específicas. Son las empresas quienes deciden si participan a instancias de la sociedad civil, de forma que se aprecia en las últimas décadas una consolidación de estos programas en algunas empresas, donde se ha convertido en uno de sus objetivos. Esto es consecuencia de la mayor sensibilización y de la búsqueda de una mayor proyección y aceptación por parte de los ciudadanos, revertiendo parte de los beneficios en la sociedad que impulsa estos resultados.
La responsabilidad social corporativa determina un aumento intangible del valor de una marca comercial, respaldada por una observancia de las normas de buenas prácticas en cualquier lugar del mundo o proceso: rechazo al trabajo de mano de obra infantil o en condiciones de igualdad, no discriminación por cuestiones de género, procesamiento de materias primas obtenidas de forma controlada y sostenible, políticas adecuadas de gestión de residuos o minimización del impacto sobre el entorno,… Este conjunto de acciones determina un mayor compromiso por parte de sus trabajadores, que valoran su aportación en el proyecto como una contribución al desarrollo de la sociedad, y del público en general.