Durante los años 2012 y 2013 se van a producir numerosas subidas de impuestos, fruto de las medidas reformistas del gobierno de Mariano Rajoy, de aplicación generalizada a la valoración catastral de los inmuebles. De hecho, se ha anunciado la subida generalizada del tipo que grava el impuesto de bienes inmuebles para que los ayuntamientos consigan recaudar una cantidad que ronda los 918 millones de euros adicionales para permitir que consigan alcanzar los objetivos de estabilidad frente al déficit de muchas arcas municipales.
Este incremento no es lineal para todos, sino que depende del momento en que se produjo la revisión catastral del municipio donde se emplaza el inmueble. Esta subida va del 0 al 10%, de forma que los que se revisaron entre 2006 y 2008 no tendrán que abonar subidas por el elevado valor del suelo en esos años. Podemos resumir la subida diciendo que, a mayor antigüedad, mayor subida. Tal es el caso de los municipios que revisaron el valor catastral en 2002 y están obigados a hacerlo nuevamente en 2012, que deberán incrementar un 10%.
Dentro del mismo municipio la subida no será igual para todos, pues pagarán más los que posean viviendas con mayor valor catastral, de forma que la mitad de los propietarios pagarán la subida y el resto no “para evitar penalizar a las rentas más bajas”, según palabras del gobierno. Sin embargo hay grandes incongruencias, como la aplicación de las subidas de forma independiente a la situación de las arcas municipales, el hecho de que se pague más por una vivienda de tipo medio-alto en un municipio menos caro que en otros más caros, que no se penalice la existencia de viviendas vacías y que se cobre por superficie, cuando en ocasiones son las familias numerosas o los pensionistas los que ocupan los inmuebles de mayores dimensiones.