La subida del impuesto de valor añadido aplicada a numerosos sectores debido al contexto de crisis generalizada que afecta a España, repercute a los usuarios de la sanidad pública y privada con un incremento de los precios que deben abonarse en diferentes servicios y productos.
En primer lugar, los que más han percibido esta subida han sido los centros de salud privada y las empresas de tecnología sanitaria, pues no pueden deducir el IVA pagado y los servicios médicos están exentos de impuesto. Debido a la reducción presupuestaria que implica este desajuste, las empresas sanitarias privadas podrían experimentar una situación de dificultades que implicaría una reducción de las plantillas de trabajadores y una atención de menor calidad.
Del mismo modo, el cambio de tipo superreducido a reducido aplicado a los medicamentos, ha provocado un incremento en el precio de muchos de los que habitualmente consumimos, que se han visto además reforzados por el hecho de que desaparezca la gratuidad en la expedición de los mismos. Esta subida de los precios implica un aumento de los costes de la atención en los centros gestionados por las comunidades autónomas, lo que pone en serios aprietos la continuidad de la viabilidad de muchos de estos servicios, aquejados ya de antemano por serios agujeros económicos.
La subida del IVA en la sanidad pública y privada, por tanto, se traduce en una reducción de la calidad de la atención, en la mayor lentitud de los servicios y afecta por tanto directamente a todos los ciudadanos.