Entre las medidas legales existentes para evitar el acercamiento de un agresor a su víctima, el tribunal que examina el caso cuenta con la posibilidad de conceder una orden judicial de protección y alejamiento. Debido a que no puede limitarse el derecho a circular libremente del agresor, debe quedar clara la existencia de un peligro real para la integridad de la víctima.
El primer paso para conseguir esta orden de alejamiento es denunciar la existencia de una situación de riesgo de recibir una agresión ante la autoridad judicial o la policía, que cursarán la correspondiente denuncia y será acordada o rechazada por un juez en última instancia.
Aunque la solicitud de estas medidas también puede realizarse ante los servicios sociales o el Instituto de la Mujer, el problema es que no podrá concederse si no hay en curso un procedimiento judicial, por lo que debe producirse la denuncia de forma previa a la concesión de cualquier medida cautelar.
Lamentablemente, no siempre que se solicita una orden de alejamiento se consigue que se aprueben, debido a la dificultad de probar la existencia real de un peligro para la integridad física o psicológica de la víctima. Del mismo modo, no siempre que se tramita una denuncia por malos tratos se solicita una orden de alejamiento, en ocasiones porque la víctima de las agresiones decide no hacerlo.
En caso de que existiera una condena previa como autor de una falta o delito de violencia hacia su pareja, la orden de protección y alejamiento será acordada lo solicite o no la víctima, de forma que se prohíbe el acercamiento y la comunicación en el tiempo y distancia fijados por el juez.