Los servidores públicos tienen la obligación de atender a una serie de normas y reglamentaciones que regulan los derechos y deberes en el desarrollo de su profesión, aunque en situaciones excepcionales pueden producirse negligencias policiales que el afectado puede y debe denunciar. Uno de los casos más evidentes es el de hostigamiento o acoso policial, situación ante la que podemos reaccionar si conocemos perfectamente nuestros derechos. Éstos son: no debemos declarar si no queremos, ni contestar ninguna pregunta de la policía; si consideramos que va en nuestra contra alguna pregunta, podemos no declarar; tenemos derecha a la asistencia de un abogado en cualquier momento del proceso. También podemos informar a un familiar de que estamos detenidos. Si el detenido es extranjero, menor o discapacitado, debe recibir una atención conforme a su situación y al reglamento específico para estos casos.
Un policía únicamente puede realizar una detención en casos en los que alguien esté intentando cometer un delito, en el momento en que lo está ejecutando o cuando se encuentra en fuga y rebeldía, situación que se produce cuando alguien no acude a los requerimientos judiciales. Según la ley, una detención ilegal de más de setenta y dos horas es hostigamiento policial. Una vez cumplido ese plazo o antes de que se cumpla, el detenido debe ser puesto en libertad o frente a la autoridad judicial. El detenido debe conocer los hechos imputados y sus derechos, siendo el límite de veinticuatro horas si es una detención particular. El acusado debe pasar a disposición judicial, donde se decidirá si ingresa en prisión definitiva o provisional o queda en libertad.
Si una vez superado el plazo, no se pone en libertad, los agentes involucrados pueden ser inhabilitados.