En el caso de que necesites asistencia jurídica, pero carezcas de recursos económicos para afrontar los gastos derivados, debes saber que el artículo 119 de la Constitución Española establece la gratuidad de la asistencia jurídica “a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Estas prestaciones consisten en la dispensa del pago de honorarios a Abogados, Procuradores, peritaciones, fianzas, etc.
De hecho, el Ministerio de Justicia reconoce la posibilidad de acudir a este derecho en las siguientes circunstancias: de forma previa al inicio del proceso, mediante asesoría y orientación; a que un abogado asista al detenido o preso; para la defensa durante un proceso judicial; para insertar anuncios en periódicos oficiales; para la exención del pago de depósitos en la interposición de recursos; para la obtención gratuita de dictamenes periciales, copias e información y una reducción del 80% de aranceles notariales y judiciales.
La forma de solicitar estos beneficios es a través de un formulario que se puede tramitar de forma presencial o bien mediante una solicitud que se cumplimenta en la página del Ministerio de Justicia. Puede ser solicitado por los ciudadanos españoles, los ciudadanos de la Unión Europea o los nacionales de otros países extranjeros que, residiendo en España, demuestren la insuficiencia de sus recursos económicos para poder litigar. También pueden acudir a este derecho las Asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el registro administrativo correspondiente. En el caso de los individuos, el baremo que se aplica es que el umbral de renta no supere el doble del IPREM, mientras que en las personas jurídicas se establece que el cómputo anual no debe superar el triple del IPREM.