El proceso de implantación del sistema democrático en Uruguay se está desarrollando desde el año 1985, tras salir de una dictadura militar que limitaba las libertades individuales. Esta búsqueda de una mayor participación ciudadana y la creación de la sociedad civil por parte del pueblo charrúa ha sido una constante desde el momento en que se produjo la independencia de España a principios del siglo XIX.
El pueblo uruguayo desciende mayoritariamente de ascendientes europeos y es una sociedad con un altísimo índice de alfabetización, que ronda el noventa y siete por ciento. Se trata de una población mayoritariamente urbana, que se concentra en las ciudades, y tiene una de las menores tasas de corrupción de Latino América, probablemente por su alto grado de instrucción y educación. Estas condiciones previas son ideales para permitir la creación de una sociedad civil, aunque se han visto mermadas por la crisis de los países de su entorno inmediato. La imposibilidad de desarrollar las relaciones comerciales ha dificultado la consecución de sus objetivos de crecimiento.
La lucha por sus derechos fundamentales se ha fundamentado en la utilización de todo tipo de métodos de resistencia pacífica o mediante otras opciones más radicales, con la lucha armada frente al poder establecido. De hecho, algunos movimientos como los tupamaros, han evolucionado desde posturas militaristas a la plena participación en el juego democrático mediante su propia formación política.
El desarrollo de agrupaciones, sindicatos y organizaciones que suplen el papel del estado en aquellos sectores donde no alcanza la ayuda estatal, o logran la ordenación y regulación de las condiciones de trabajo y vida de numerosos colectivos, ha sido decisivo en el avance de la sociedad. El paso siguiente consiste en que los electores puedan decidir y contribuir a mejorar la legislación.