Cada país tiene sus propias leyes respecto a la sucesión que contempla la manera en cómo la propiedad de un individuo fallecido se distribuirá. Cualquier persona con la mayoría de edad, generalmente mayor de 18 años, y que tenga uso de sus facultades mentales puede evitar dichas leyes en gran parte y hacer que su propiedad se distribuya después de su muerte de la manera que esa persona elija, a través de la creación de un documento llamado certificado de últimas voluntades y testamento.
La persona que realiza una última voluntad se llama testador. En la mayoría de los países, la última voluntad debe estar escrita en un documento que por lo general se escribe con letra de imprenta, aunque en algunos países también son válidos los documentos escritos a mano. El contenido de uno de estos certificados de últimas voluntades está sujeto a ciertos requerimientos, los cuales serán verificados por una corte después de la muerte del testador.
En el certificado de últimas voluntades, usualmente se le notifica al testador revocar todas las voluntades previas, con el fin de evitar confusiones. De otra manera, las voluntades previas pueden considerarse válidas siempre y cuando no interfieran con las últimas voluntades.
Como se mencionó previamente, el testador debe hacer uso de sus sanas facultades mentales y debe despojarse libremente de sus propiedades a través del certificado, libre de cualquier coacción o engaño. La firma del testador debe estar presente en el certificado, y cualquier texto después de la firma por lo general se considera inválido.
Finalmente, y lo cual tiene mucha importancia, el certificado debe ser firmado por al menos dos testigos que sean partes desinteresadas y no beneficiarios del certificado. Uno de estos documentos por lo general debe estar notariado, y el testador junto con los testigos deben afirmar su aprobación del documento.